DE LOS NUEVOS TRIBUNALES DE FAMILIA:  HACIA UNA JUSTICIA EFICIENTE.

 

La Ley No. 19.968, publicada en el Diario Oficial el 30 de agosto de 2004, y con rigor desde el 1º de octubre de este año, constituye un paso gigantesco a la modernización de nuestro derecho procesal y de nuestra justicia en general.  Precedida por la reforma procesal penal, ha de ser seguida por una cada vez más necesaria reforma procesal civil.  Los nuevos tribunales de familia y los procedimientos a aplicar a los procesos que se ventilarán  ante ellos han de servir de fuente precursora e inspiradora en los legisladores.

Tenemos una gran confianza en la nueva justicia de familia: contiene instituciones novedosas y dinámicas, modernas, pragmáticas y funcionales.

Por una parte da amplias facultades a los jueces de familia, particularmente para proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero también a sus progenitores y familias, matrimoniales o no. Por la otra, y como contrapartida, define expresamente algunos conceptos hasta ahora entregados al arbitrio de los jueces, como los principios formativos y la sana crítica, lo que permitirá uniformar criterios jurisprudenciales, y ciertamente evitar arbitrariedad judicial.  Esto dará confianza al sistema.

Ese marco regulatorio permite acceder a una justicia mas eficiente.

Lo que ocurre de ordinario en materia jurisdiccional es que los procesos son agresivos, confrontacionales, en que hay una decisión de un magistrado que condena a alguien  a realizar una determinada prestación a otro.  Hay una parte que gana y otra que pierde.  Una que tiene la razón y otra que no la tiene.  Un abogado que ganó un pleito, otro que lo perdió.  La justicia es triste por eso, el que pierde queda herido, queda molesto, con una sensación de injusticia, con una frustración.

Por eso es importante esta reforma, porque contiene elementos novedosos que permitirán a las partes, y no al juez, resolver el conflicto jurídico.  Lo resolverán en efecto las partes, pero con ayuda del aparato jurisdiccional del Estado, quien pone en esta ley, a disposición de todos, un mecanismo de mediación eficiente.

Las decisiones consensuadas, mediante una mediación o no, son eficientes, porque son las partes  las que resuelven su conflicto, y no hubo nadie (juez) que impusiera una solución.

Si a esto agregamos el llamado obligatorio a conciliación en la audiencia preparatoria; la facultad del juez de convocar e intentarla en cualquier momento;  el principio de “búsqueda de soluciones colaborativas” establecido expresamente en el artículo 14 (búsqueda de alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellas); y el “interés superior del niño, niña o adolescente”, tendremos necesariamente una solución más justa; un sistema  más eficiente, más válido, más eficaz.

Es como la Constitución Política de 1980, que por haber sido impuesta, nació condenada a ser resistida y a morir en corto plazo; a cambio de la del 2005, que por haber sido acordada por todos, nació para vivir por largo tiempo.

 

Rodrigo Silva Montes
Abogado
Profesor Titular Derecho Procesal
Universidad La República
P.I.L. Harvard Law School

 

 

 
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